* Ley General de Economía Social y Solidaria, la propuesta

Es urgente que el país cuente con una Ley General de Economía Social y Solidaria, toda vez que la pobreza y la desigualdad están generando peligrosamente el rompimiento del tejido social, asentó el senador de la República Benjamín Robles Montoya al presentar una iniciativa en la materia.

Argumentó que su propuesta es reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política. Recordó que el 23 de mayo de 2012 se promulgo dicha Ley, y aun cuando ha sido reformada en diversas ocasiones, no existe un andamiaje jurídico armónico y articulado con otras disposiciones legales para el sano desarrollo de las organizaciones que constituyen el sector social de la economía.

Sector conformado por ejidos, comunidades, sociedades cooperativas , empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores, y en general a todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

El legislador federal oaxaqueño refirió que se debe promover la consolidación empresarial y el desarrollo organizacional de las diversas formas asociativas que integran el mismo, para lo cual se establecerá un Sistema Nacional de Capacitación y Asistencia Técnica Especializada, con la colaboración de dependencias de la Administración Pública Federal, así como con dependencias de las entidades federativas, municipios y universidades e instituciones de educación superior.

“Proponemos se expida una Ley General de Economía Social y Solidaria que funja como ley marco, siendo una observancia general en toda la República en materia del sector social de la economía, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de la SEDESOL, y en el ámbito de sus respectivas competencias, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los Estados, la Ciudad de México, los municipios y las alcaldías”.

“Adicionalmente, con este proyecto de ley buscamos fortalecer el Instituto Nacional de la Economía Social -el INAIS-, mismo que actualmente no cuenta con el marco jurídico y presupuestal apropiado para cumplir adecuadamente con lo que mandata nuestra Constitución en lo referente al sector social de la economía” expresó Robles Montoya.

Por ello, precisó Robles Montoya, resulta imprescindible establecer nuevas bases sólidas y viables que permitan la participación social de la economía como concurrente en el desarrollo nacional junto con los sectores público y privado, como lo determina la Carta Magna.

Ciertamente todo principio económico presenta ventajas y desventajas, la realidad económica es compleja, por consiguiente, consideró que el objetivo es dirigirse hacia una economía que admite y aliente una diversidad de principios en los que se fomente la sostenibilidad ecológica.

Recordó que en los últimos 30 años en México se amplió la desigualdad social y regional, especialmente entre los habitantes del centro, norte del país y del sur-sureste. Por ello, planteó la necesidad de construir políticas públicas apropiadas y suficientes para el sano desenvolvimiento del sector social de la economía.